Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.
"Somos una entidad gremial empresaria que nucléa Cámaras y Empresas de la Industria de la Alimentación y de Bebidas, representando a casi la totalidad de los sectores que la integran."

COPAL manifiesta su gran preocupación por iniciativas legislativas que se debatirán mañana en Diputados

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) manifiesta su gran preocupación por la sesión extraordinaria de Diputados que se realizará mañana, donde está previsto el tratamiento de proyectos de Ley sin previo debate en las correspondientes comisiones, y que pueden tomar fuerza de Ley en el corto plazo.

En efecto, preocupan a la industria de alimentos y bebidas en su conjunto los proyectos Precios de la Canasta básica e IVA; y el proyecto Reducción de las distorsiones de precios en la economía – Régimen para su estabilización.

Sobre las iniciativas de reducción de IVA en los alimentos y bebidas, sin perjuicio de coincidir en la necesidad de bajar la carga tributaria, esto no se puede hacer de cualquier manera: la forma en que está planteado agudiza las distorsiones. Por un lado, se trata de un listado acotado de productos, lo que ocasionaría distorsiones entre productos que tienen el potencial de ser sustitutos entre sí. Por otra parte, al estar acompañado del proyecto que establece un régimen para la estabilización de precios que implicaría el riguroso control de los mismos, estaríamos ante el riesgo de afectación de la libertad de comercio.

Asimismo, COPAL entiende que este último proyecto atenta contra la libertad de competencia, con consecuencias muy negativas para nuestros sectores y para la economía en general, por el consecuente desincentivo a los proyectos de inversión que existen en la industria de alimentos y bebidas, por la limitación de las exportaciones y al favorecer la importación de productos equivalentes.

El proyecto establece además un reparto arbitrario de la oferta y de la disposición en góndolas, eliminando la libertad de competencia, y obligando a reducir el espacio a aquellos productos a los que el consumidor desea acceder. De esta manera, se tergiversa también el poder de negociación de las empresas al generar una influencia artificial sobre el supermercado y al restringir la cantidad de oferentes o reducir la posición de otros.

Por otro lado, el proyecto atenta contra la libertad de precios al transferir al poder ejecutivo una función de monitoreo y control de precios que no resuelve el problema de la inflación.

Además, queda claro que se trata de una forma regulatoria que va en dirección contraria a lo que debe ser un sistema de competencia, visto que se le impone a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, una serie de medidas que implica un control de precios, cuando la función de ésta es velar por la competencia y no atender temas relacionados con dicho control.

Por último, consideramos que esta regulación retoma viejas prácticas de controles de precios y de mercado, la que han probado ser totalmente ineficaces para controlar la inflación, pero que generan desincentivos a la producción, y reducción de oferta. De hecho, no conocemos ningún país que haya establecido regulaciones similares, más bien todo lo contrario, el mundo adopta la competencia como medio para asegurar la mayor oferta, y por consecuencia los mejores precios.

21 de junio de 2017